El Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, a través del diálogo tripartito, han alcanzado un acuerdo provisional, que deberá ser aprobado aún por los gobiernos de los Estados miembros y el Pleno del Parlamento, por el cual las firmas de auditoría estarán obligadas a rotar cada 10 años en el caso de Entidades de Interés Público (EIP). Dicho plazo podrá prorrogarse por 10 años más, siempre y cuando se lleve a cabo una licitación de los servicios de auditoría por parte de la empresa auditada, o incluso por 14 años si la empresa contrata a más de una firma de auditoría (co-auditoría), siendo en este caso el plazo máximo de 24 años.

El presidente del Instituto de Censores de Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Mario Alonso, ha afirmado que esta medida es mejor a la inicialmente propuesta por la Comisión Europea y, aunque “la rotación tiene más inconvenientes que ventajas, ya que supone un incremento de costes y una pérdida de calidad, es un periodo suficiente para no hacer peligrar la calidad del trabajo”. En lo referente a la posibilidad de ampliar el plazo si existe co-auditoría, Alonso ha explicado que “es cierto que dos firmas pueden realizar un mejor trabajo, pero la labor auditora se puede dificultar y también encarecer”.

Además, el acuerdo contempla una lista de servicios prohibidos a la empresa auditada distintos de la auditoría, en particular los relacionados con la asesoría fiscal y los ligados a la estrategia financiera y de inversión. Asimismo propone fijar un tope del 70% sobre los honorarios de auditoría a los ingresos que se puedan obtener de la misma entidad auditada por servicios no relacionados con la auditoría y que no estén prohibidos, siempre que trate de EIP y en base a la media de los últimos tres años.
   
En este sentido Mario Alonso cree que “tendrá un impacto considerable en el sector de la auditoría y en el de la empresas auditadas, ya que modifica las reglas que rigen en la prestación de nuestros servicios”, y ha manifestado que “esta medida modificará sustancialmente la estrategia de muchas firmas de auditoría, dado que puede limitar considerablemente los servicios distintos cuya prestación se oferta al mercado”.

El presidente del ICJCE ha asegurado que “los auditores de cuentas españoles vienen realizando su trabajo con calidad, profesionalidad e independencia”. Y Alonso ha llamado la atención sobre “el escaso tiempo trascurrido desde la trasposición de VIII Directiva de 2006, que tuvo lugar en España en 2010”.