La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) ha votado las modificaciones del Reglamento sobre los requisitos específicos para la auditoría legal en las Entidades de Interés Público y sobre la modificación de la Directiva de auditoría, siendo aprobada una propuesta con un significativo alejamiento de los planteamientos iniciales de la Comisión Europea.

Para el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Rafael Cámara: “Nos satisface que se esté reconduciendo la propuesta de la Comisión Europea, dado que había sido rechazada por todos los agentes económicos implicados. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer para conocer el resultado final del que dependerá el futuro de un sector, clave para la recuperación de la confianza en el sistema económico”.

De los aspectos que más debate han suscitado se encuentra la rotación obligatoria de las firmas de auditoría. La propuesta inicial de la Comisión Europea establecía un máximo de 6 años. El informe aprobado por la comisión parlamentaria amplía este periodo obligatorio a un máximo de 14 años, que puede ser ampliado hasta 25 años si se establece alguna de las siguientes salvaguardas: que haya una licitación, que exista una evaluación completa del auditor por parte del comité de auditoría de la empresa o que la auditoría se realice de manera conjunta.

Por otro lado, respecto a la prestación  de servicios distintos de la auditoría de cuentas, la Comisión Europea establecía la creación de firmas puras de auditoría, aspecto que se ha eliminado completamente del documento aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Esta comisión ha establecido la regla que rige en el derecho privado, por la que pueden prestarse servicios siempre que no estén prohibidos. Así, se establece una lista de servicios prohibidos, en línea con los ya contemplados en el Código de Ética de la International Federation of Accountants (IFAC) y en esta lista se introduce la noción de materialidad en muchas de las prohibiciones, mediante la cual, dependiendo de la relevancia que tenga para la firma, pueda o no suponer una amenaza a la independencia. Asimismo se ha acordado una lista de servicios no prohibidos.