Los tres presidentes de las corporaciones representativas de los auditores de cuentas de España, Rafael Cámara, del  Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE); Valentí Pich, del Consejo General de Colegios de Economistas de España (CGCEE), y Lorenzo Lara, Consejo Superior de Titulares Mercantiles de España (CSTME), consideran claves los próximos días para despejar la situación normativa en Europa y España, donde se está a la espera de cambios que pueden afectar al futuro del sector.

Para Rafael Cámara: “En contra de los objetivos perseguidos por el Reglamento europeo sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las Entidades de Interés Público -propuesto por la Comisión Europea y rechazado mayoritariamente por supervisores, empresarios, inversores, académicos y auditores- de evitar la concentración, algunas propuestas, como la rotación obligatoria o la prohibición de los servicios distintos de la auditoría, supondrán un claro perjuicio para el futuro del sector, incrementarán los costes empresariales y repercutirán en la calidad de los servicios”.

El próximo jueves, 25 de abril, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) votará, para su elevación al Pleno, los informes sobre el Reglamento sobre los requisitos específicos para la auditoría legal en las Entidades de Interés Público y sobre la modificación de la Directiva de auditoría. Los europarlamentarios, entre ellos, el británico Sajjad Karim, quien ejerce la ponencia, tendrán sobre la mesa la opinión ya emitida por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (ECON), en la que muestra un significativo alejamiento de los planteamientos iniciales de la Comisión Europea. Así, el ECON recomienda la utilización de una Directiva en lugar de un Reglamento para la regulación de la auditoría de Entidades de Interés Público. Dicho aspecto es apoyado por las tres corporaciones representativas de los auditores, dado que una directiva permite a los Estados miembros adaptarla a la idiosincrasia y particularidades de cada país, que es una de las máximas que ha de regir la normativa europea: la de promover normativas de mínimos para que los estados las maximicen y adapten según sus realidades y necesidades económicas.

Además la propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos aboga por suprimir la rotación obligatoria de firmas, por los “efectos perjudiciales en la calidad y los costes del informe de auditoría”, y apunta a una duración inicial máxima del contrato de auditoría de siete años, con opción de prórroga, previa recomendación justificada del Comité de Auditoría. En lo que respecta a la prestación de servicios distintos de auditoría, se aproxima a los requisitos de cumplimiento del Código de Ética de la International Federation of Accountants (IFAC) y liga la prohibición de determinados servicios a la materialidad como elemento definidor de la existencia de amenazas a la independencia que no puedan ser resueltas.

Los auditores siempre han manifestado su oposición a la propuesta inicial de la Comisión Europea de crear firmas puras de auditoría, Para Valentí Pich: “La prohibición de prestar servicios distintos de la auditoría resulta contraproducente, ya que puede jugar en contra de la capacidad de las pequeñas y medianas firmas de auditoría, al restringir la elección y el acceso a servicios especializados, y además dichos servicios serían más costosos”.

Reglamento impugnado en el Tribunal Supremo

Las tres corporaciones representativas de la auditoría de cuentas en España presentaron, en su día, un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Reglamento de Auditoría de Cuentas, del que se informó puntualmente a nuestro colectivo profesional y a los medios de comunicación.

Independientemente del proceso judicial en curso, los tres presidentes de las corporaciones representativas de los auditores de cuentas y el presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo de Economistas, Carlos Puig de Travy, han mantenido diversas reuniones de trabajo con la nueva presidenta del ICAC y con su equipo técnico a fin de llegar a un consenso en aquellos aspectos primordiales para tratar de equilibrar el Reglamento de la Ley de Auditoría, como son la definición de entidades de interés público, la formación, la independencia y los honorarios significativos. Para Lorenzo Lara: “Las tres corporaciones siempre hemos mostrado interés en mantener el diálogo, avanzar en estos asuntos y lograr la ecuanimidad entre los intereses legítimos de supervisor y auditores para mejorar la actividad auditora en España, dado que determinados aspectos del Reglamento, como los relativos a los honorarios, acabarían con muchas pequeñas firmas y auditores individuales”.

Las tres corporaciones de auditores han desarrollado y siguen, en estos momentos, desarrollando ante los legisladores de la UE y de nuestro país las eficaces acciones que se consideran oportunas y necesarias para apoyar y defender a los auditores con objeto de garantizar su trabajo profesional y de calidad dirigido a un destinatario ultimo: la sociedad española.